Todos sabemos, unos más que otros, que la energía es un bien esencial sin el cual, no podríamos vivir ni remotamente como vivimos ahora. En España, el mercado eléctrico funciona, a grosso modo, de la siguiente manera:
5 empresas producen, en régimen de oligopolio -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON-, prácticamente la totalidad de la energía, que después es transportada hasta los centros de consumo por Red Eléctrica de España (REE). Por último, son las distribuidoras y comercializadoras quienes se encargan de vendernos la energía que consumimos (que previamente han comprado a las productoras en un mercado de subasta). Esto es, a quien pagamos nuestra factura, y donde existen más de 40 empresas, pero siempre dependientes del quinteto inicial.
Hecha esta necesaria introducción, no vamos a analizar todo el mercado eléctrico en su conjunto, sino una parte de él: la fase de transporte. Como ya se ha indicado, esta función la realiza en España y en régimen de monopolio, una única empresa, REE, cuyo accionariado está repartido entre diversos propietarios y fondos de inversión, siendo el accionista mayoritario el Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Y es aquí donde encontraremos sentido a este artículo.
Dada esta información, debemos poner en contexto la suerte de desafío que hace unas semanas, su nuevo presidente, Jordi Sevilla (ex Ministro socialista de AAPP) lanzaba a Podemos en el marco de la negociación de los Presupuestos para 2019. Podemos había sugerido en el documento económico previo a las negociaciones una batería de medidas dedicadas, por ejemplo, a la reducción del coste de la luz. Entre ellas, y con cierta letra pequeña, figuraba la renacionalización de REE.
La empresa, construida por el socialismo felipista de los años 80, monopolizó en una única empresa todo el servicio de transporte y distribución de la producción eléctrica. Para que se entienda: se encarga en todo momento de que la oferta de energía coincida con la demanda, algo realmente complicado y meritorio.
Siguiendo con una hipotética renacionalización, esta costaría en torno a 8.000 millones de euros, ya que habría que comprar el 80% de acciones restantes a este precio (REE cotiza en el IBEX-35). El debate de fondo no es tanto si la operación es viable económicamente, que lo es (no es un coste realmente elevado, podría financiarse a largo plazo con una parte de los beneficios de la empresa, que siempre están asegurados por el propio modo de existir de la sociedad, y por la propia recaudación del Estado), sino más bien si esta renacionalización sería positiva. Se debería plantear, por ejemplo:
- ¿Renacionalizar? Si se privatizó en su momento, seria por algún motivo, ¿no?
- ¿Podría provocar una bajada del recibo de la luz, que tiene aproximadamente un 55% de impuestos?
- ¿Hay algún país que tenga una situación parecida?
Intentando dar respuesta a estas preguntas, debemos saber primero por qué se llevó a cabo la privatización de la sociedad. En este sentido, el gobierno de F. González tenía como primera meta la “modernización” del país para poder entrar en la actual Unión Europea (CEE, 1986). Dentro de ese marco, se llevaron a cabo más de 80 privatizaciones de todo tipo -parciales y totales-, pero no la de REE, creada en 1985 (aunque culminó toda la compra de sus instalaciones en 2010). En verdad, fue en el periodo de los 2000, con Aznar -el mayor periodo de privatizaciones de la historia de España-, cuando se decide que REE debe quedarse únicamente con el 20% de las acciones, siendo el 80% restante para free float, y entrando a cotizar en el Ibex. El único motivo, como con el resto de las privatizaciones de la época Aznar, se debió a la búsqueda de liquidez para el Estado.
La pregunta más difícil de resolver es la que se refiere a bajar el recibo de la luz. De media (va variando), en España tenemos la quinta luz más cara de Europa. Es muy posible que una renacionalización de REE rebajara el coste por la parte, no de los impuestos, sino la referida al suministro eléctrico (en torno al 45% restante), ya que los precios de transporte podrían reducirse, sin necesidad de buscar el máximo beneficio. No obstante, la mejor posibilidad de reducción de la factura de la luz queda lejos de aquí, y la abordaremos en el futuro.
Por último, la “manía” de fijarnos en el entorno que nos rodea. Estas comparaciones no deben realizarse para ver si algún país ha realizado similares políticas, sino para observar cómo se han llevado a cabo, qué efectos han tenido y si podemos mejorarlas. Pero sin duda alguna, es el modo más práctico y útil para comprender.
Un ejemplo de una sociedad como REE en el resto del mundo es inexistente, además que el sector eléctrico en España fue levantado en su mayor parte por capital privado, al contrario que en otros países de Europa.
Sin embargo, el éxito de su gestión es palpable, ya que fuera de nuestras fronteras ha recibido reconocimiento, además de realizar perfectamente su cometido: por ejemplo, el Premio Europeo de Medio Ambiente en la Empresa (2014) el Premio Diálogo (2015) por su capacidad de interconexión eléctrica con Francia.
Por tanto, podríamos una de las conclusiones que podríamos obtener de todo esto es que la renacionalización de REE no sería totalmente efectiva sin la renacionalización, expropiación o creación de cero de una empresa pública de energía. Y aquí si hay multitud de ejemplos, con los que llegamos al cierre del artículo.
Por ejemplo, en Francia una de las grandes empresas eléctricas, EDF, es pública; en Italia, Enel, también queda a titularidad del estado -en España, Endesa era pública, hasta que el gobierno Aznar la vendió-. Y en Alemania, multitud de municipios están creando sus propias empresas de energía: más de 70 empresas desde 2005, como podemos ver en la siguiente imagen: las zonas de color rojo indican nuevas empresas municipales de energía, o remunicipalizadas desde los años 90.
Como cierre, un último ejemplo español y en mi opinión, innovador por como servirá de ejemplo en el futuro: la eléctrica municipal de Barcelona, BCNEnergía que abastece a todos los servicios públicos de la ciudad y con capacidad (por límite legal) para también 20.000 familias. Además, en breve podrá hacerlo con hasta 32 municipios del área metropolitana de la ciudad condal. Todo un ejemplo de uso de energías renovables, rescisión del oligopolio y autoconsumo. (Ver enlace)
¡Nos vemos en el próximo artículo!